Me entero leyendo la columna de Federico Joannon, abogado y miembro del directorio del diario electrónico El Mostrador, que el gobierno ha enviado al Congreso un proyecto ley denominado “Proyecto de Ley que Permite la Introducción de la Televisión Digital Terrestre”, según el articulista, “lo que busca es impedir que entren nuevos actores al mercado de la televisión abierta, en la cantidad y en las condiciones de poder competir realmente con los actuales concesionarios, mantiene artificiosa y perpetuamente barreras de entrada al mercado de la televisión abierta, y mejora hacia el futuro el negocio a los actuales concesionarios, entregándoles un ancho de banda superior al equivalente que hoy tienen y permitiéndoles que utilicen sus concesiones televisivas para otros fines diferentes (transporte de datos, en general. Por ejemplo, telefonía y acceso a Internet)”.
El espacio radioeléctrico (como para que nos enteremos), es un bien universal. Naciones Unidas, a través de una de sus agencias, pide a los Estados y sus gobiernos, administrar este recurso de la humanidad de manera, por así decirlo, criteriosa, resguardando un uso no discriminatorio donde se garantice el bien público, la pluralidad y el acceso democrático. Este modo de actuar, se manifiesta de manera diversa en cada país, y son sus gobernantes y representantes del pueblo, los que interpretan y lleva a ley dichas recomendaciones.
Chile, en este aspecto, no ha dado “el ancho”, y parece que tampoco aquello de cómo usar este nuevo ancho de banda que nos permite el desarrollo tecnológico. Pudiera ser que, como sucede hace ya un rato, priman criterios técnicos (tecnocráticos) y no políticos – jurídicos y sobretodo, políticos culturales.
De hecho, aún está en carpeta, en el Congreso nacional, la modificación propuesta por varias organizaciones, de la Ley de Radio de Mínima Cobertura. Actualmente, estos medios comunitarios, no pueden transmitir con una potencia superior a 1 watt (en ciudades como Santiago su radio de alcance no pasa el par de cuadras), sin derecho a emitir publicidad y, renovar sus concesiones cada tres años. Y lo peor, es una ley donde no se establece que los proyectos que postulen sean con fines socio culturales y sin fines de lucro.
La paradoja de este mundo hipercomunicado, sigue siendo la de una sociedad que excluye a los productores de la comunicación sin fines comerciales, haciendo de este bien social, sólo un fructífero negocio (que puede ser válido). Un país diverso, plural, democrático, corresponde a ese lugar donde las conversaciones sociales son vario pinto, y cada uno de sus ciudadanos, si así lo quiere, puede expresar sus visiones y opiniones públicas libremente y con acceso garantizado a los medios.
