MATTELART: “LA COMUNICACIÓN ESTATAL NO ES LA COMUNICACIÓN PÚBLICA”
Mattelart comenta respecto de las redes sociales virtuales, el poder de los mediops de comunicación, y la democratización del espacio mnediático por parte de las ciudadanías y movimnientos sociales.
Indira Carpio y Ernesto Navarro (Question, publicada en Boletín Virtual de la Agencia COMCOSUR)
La primera función de los medios es vigilar que no colapse el sistema. Los poderes nos vigilan, porque nos tienen miedo. Movimientos sociales latinoamericanos son conscientes de la importancia de democratizar los medios. Del tecno-determinismo o cómo las redes sociales -por sí solas- no pueden hacer. En toda América Latina el debate sobre el rol de los medios privados de comunicación, en abierta oposición a los gobiernos que no siguen los dictados de Estados Unidos, es un tema en manos de los pueblos y sus movimientos sociales.
La más reciente intervención del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en la 42 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Cochabamba, Bolivia, no hizo más que llevar a un escenario diplomático, secretos a voces en toda la región: las empresas privadas de información son los mercaderes de un sistema en decadencia y por tanto, contrarios al empoderamiento de colectivo.
Sobre este rol de los medios de comunicación masivos, entrevistamos en La Brújula del Sur (1), a Armand Mattelart (2). “En América Latina, los movimientos sociales han tomado conciencia de la importancia de democratizar los medios de comunicación”. En opinión del sociólogo belga, los gobiernos progresistas de la región han facilitado un nuevo proceso comunicacional, permitiendo que la tenencia de los medios no sea un manejo exclusivo de empresarios.
“Yo creo que los pueblos deben ejercer el derecho que tienen a la comunicación y exigir su participación en la creación de otra comunicación. Los debates que hay en América Latina, y que ya hubo en Ecuador, Bolivia y Venezuela, ponen en el centro de la problemática sobre la democratización de los medios, el tema de la participación”, destaca el teórico de la comunicación. El cielo no está totalmente nublado. Mattelart estima que “en los 10 últimos años hay cada vez más conciencia de que el poder de los medios no puede seguir así”. Y lo repite. “América Latina es fundamental en la apertura de este debate”.
La sacrosanta SIP y Pinochet
Pero abrir un debate sobre los medios privados de comunicación, supone tocar intereses que, durante muchos años, fueron intocables y protegidos bajo la sacrosanta y supuesta “libertad de expresión”. El custodio del supuesto derecho, en esta parte del mundo, es la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Este pulpo de mil tentáculos -todas prolongaciones de las esferas del poder- defiende la actividad empresarial, por encima de los deberes básicos: informar, educar, entretener.
Armand Mattelart considera que hacer cualquier tipo de crítica, señalamiento o reclamo a las empresas de comunicación, es un terreno pantanoso, porque “es sumamente difícil”. El sociólogo expone una verdad incontestable. “Señalar a los medios es considerado como una agresión a la libertad de prensa o la libertad de expresión”. Y es que los dueños de la SIP (que no son otros que los dueños de los medios) han estado siempre del lado de la acera que le permita seguir aumentando sus ingresos económicos, aún a costa de la democracia, la seguridad, o la propia vida.
“Basta mirar los argumentos de la SIP en América Latina. Yo sé algo de ello, porque en Chile fue un problema real. Durante los 3 años del gobierno de Allende, la SIP lo atacó sistemáticamente, incluso hizo una alianza con el stablishment mediático de Chile, los cuales enviaban al exterior noticias totalmente falsas, desinformadas y el sistema internacional de noticias las devolvían a Chile con la legitimidad internacional”. Pero, casi cuarenta años después, jamás se ha cuestionado el papel de la prensa privada chilena en el Golpe de Estado y la cruenta y sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet.
“En Chile hay una reverencia por parte de los poderes, no sólo de los conservadores -sino y también de la Concertación- hacia el diario El Mercurio, un medio que ayudó al golpe de Estado y que sostuvo a la oposición que hacía huelgas durante los años de ataques al gobierno de Allende”. El entonces encargado de desarrollar políticas comunicacionales para el gobierno de Allende afirma que “El Mercurio fue el organizador intelectual del golpe” y asevera que “finalmente no hubo ninguna discusión, después de la dictadura, del papel de los medios”.
Vigilados
Las alarmas de los poderosos se prenden y cuando los pueblos hablan de democratizar, ellos responden con iniciativas como la ley Sopa, Acta en Estados Unidos o la llamada ley Yeras de Colombia, entre otras en diferentes partes de mundo, que pretenden limitar a los ciudadanos en el uso de herramientas de comunicación como el Internet y, que conceden a los Estados “el permiso” de intervenir las comunicaciones y usarlas a favor de la nación y en contra de los usuarios. “Esas leyes son un indicativo de la debilidad de los poderes. Estamos en un mundo donde los Estados están trabajados por lógicas de vigilancia (…) la vigilancia sin la contraposición de los ciudadanos”.
Arma, red social
¿Por qué en contra de los ciudadanos? Porque en su expansionismo económico, las potencias trasnacionales necesitan pueblos dormidos que no se resistan al saqueo y expoliación de las riquezas de sus país. Mattelart recuerda lo ya dicho por “Donald Rumsfeld, jefe del Pentágono cuando la invasión a Irak: Las páginas web y las nuevas redes son sistemas de armas”. En una de sus más recientes publicaciones, El mundo vigilado, Mattelart sostiene que la lógica de los medios obedece a la lógica de la guerra, pero que también puede ocuparse de la cultura y del mejoramiento de la sociedad, cuestión que se logra si la comunicación es democrática.
Las llamadas redes sociales no sólo son herramientas que desmovilizan sino que atomizan.
“En la actualidad, estas redes como Facebook, Twitter y otras, son llamadas redes sociales ¡Usted se imagina! Para los demócratas del mundo, las redes sociales eran redes de solidaridad que tenían proyectos colectivos y en la actualidad se llaman así a un conjunto de individuos que finalmente se vinculan, individualmente, a partir de relaciones muy débiles. El problema es que la noción de redes sociales concebida a partir de la web, se apoderó de la noción misma, de la noción real de redes sociales”, explica el sociólogo.
Aunque no sean herramientas neutras, “es evidente que esas redes ayudaron a los movimientos revolucionarios tunecinos o egipcios, por ejemplo; pero no hay que darle un papel mayor o más importante. Más allá de eso hay otras formas de vinculación entre revolucionarios”, agrega Mattelart. El peligro, alerta el comunicólogo belga, “está en el tecno-determinismo”, o en creer que esas llamadas redes sociales por sí solas pueden hacer los cambios. Además, “es evidente que si los demócratas usamos las redes en períodos de crisis, para hacer avanzar esos proyectos (de cambio), hay que saber que en el campo opositor (en el imperio), han tomado conciencia de elaborar una nueva estrategia para que estos medios no funcionen en contra de ellos”.
Citó como ejemplo el caso del sitio web Wikileaks y la circulación mundial de documentos del gobierno de Estados Unidos. Su impacto en Washington generó las propuestas de leyes que pretenden controlar –aún más- las herramientas comunicacionales. “Para mi, el acontecimiento de Wikileaks, ha conseguido que el gobierno de EE.UU. realizara un cambio en su geopolítica de control sobre los usos de las llamadas redes sociales. La revelación de tontas informaciones en Wikileaks les dio miedo”, dice profesor universitario.
Por lo que en el panorama avizora dos frentes importantes de lucha, “el Financiero y los Medios. Ambos implican inventar nuevas formas de lucha social”. Recuerda que con la multiplicación de las crisis, se hace evidente -cada vez más- que los medios tienen una función de desinformación, ya que “son un elemento de reproducción del sistema”. Desde la ya lejana década del 30 del siglo pasado, evoca Armand Mattelart, la sociología funcionalista norteamericana, conservadora, aseguraba “que los medios, como primera función antes que divertir, que entretener; deben vigilar. Es decir, asegurar que no haya colapso del sistema”.
La comunicación pública no es la estatal
Ahora bien. Con el avance de la democratización de los medios de comunicación en América Latina, la aparición de los medios comunitarios, el fortalecimiento de los alternativos y la posesión de los Estados de nuevas bandas del espectro radioeléctrico; aparecen nuevos debates.
¿Tenemos en América Latina medios Públicos o Estatales?
Mattelart responde. “La comunicación debe ser un servicio público. Y allí está el gran problema. En muchos países latinoamericanos se habla mucho de medios de servicio público cuando son, finalmente, medios estatales. El servicio público implica considerar la comunicaron y la información como un bien colectivo y tener en cuenta la participación de todos los ciudadanos”. En Venezuela ¿Estamos a la mitad del camino? ¿Qué ocurre con los financiamientos a los medios de comunicación comunitarios y alternativos por parte de instituciones del Estado? ¿Contamos con el Sistema Nacional de Medios Públicos o debería llamarse Sistema Nacional de Medios del Estado? Preguntas para otro capítulo.
(1) Programa radial, Caracas.
(2) Armand Mattelart, sociólogo belga, teórico de la comunicación, coautor con Ariel Dorfman del libro Para leer el pato Donald y corealizador del filme La espiral en 1976. Fue uno de los encargados de analizar las políticas comunicacionales del gobierno de Salvador Allende, también lo hizo como demógrafo en la crítica a las políticas de control de natalidad del gobierno de Kennedy en el marco de la Alianza para el progreso. Es un referente en el análisis y la investigación del cuarto poder. Actualmente, es profesor catedrático en Ciencias de la Información y la Comunicación la Universidad de París.
Monday, June 11, 2012
UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LA TELEVISIÓN
GOBIERNO URUGUAYO APROBÓ DECRETO DE TEVÉ DIGITAL (apropósito de la discusión de la Ley de TV Digital, en Chile)
Edison Lanza (Brecha para Agencia COMCOSUR_Uruguay)
Algunos altos funcionarios del entorno del presidente José Mujica afirman que el mandatario tiene un "máster en comunicación", refiriéndose así no sólo a su facilidad para comunicar –más allá de la oportunidad en que pronuncia algunas opiniones– sino a su conocimiento del sistema de medios en todo el país. Conoce bien a los dueños de los medios (y su influencia), los públicos a los que llega cada uno y las características de buena parte de los periodistas con los que trata.
Por algo Mujica demoró meses en tomar una de las decisiones más democratizadoras respecto a los medios audiovisuales en los últimos 30 años. Después de algunas declaraciones enigmáticas, el viernes 10 firmó el decreto que regulará la transición de la televisión analógica a la digital abierta en Montevideo, que además contiene un nuevo marco para asignar las frecuencias reservadas para esta modalidad.
La ley del servicio de radiodifusión comunitaria, aprobada en 2008, incorporó a nuestra legislación una serie de principios de la radiodifusión. Los promotores de aquella ley recuerdan que estos principios rigen para todos los sectores audiovisuales y no sólo para los comunitarios. Para muchos ese capítulo de la ley pasó desapercibido, pero esos principios de rango legal son clave: refieren a la calidad de patrimonio común de la humanidad del espectro, a las garantías para ejercer la libertad de expresión en cualquier plataforma, a la necesidad de diversidad, pluralismo, transparencia y equidad en el acceso a los medios audiovisuales en general.
Las autorizaciones para la televisión digital se deberían constituir en la piedra de toque de la transformación del concentrado y previsible sistema de televisión nacional. Una mayor competencia en el sector comercial, el ingreso de nuevos actores tanto públicos como alternativos, la llegada de una tecnología de alta calidad para producir y trasmitir, y el desarrollo de una política pública para fomentar la producción televisiva deberían liberar fuerzas creativas hasta ahora maniatadas por un escenario empobrecido por la concentración de las frecuencias en pocas manos.
La decisión adoptada tiene también una significación sustantiva en términos de calidad democrática y de ejercicio del poder público frente al poder fáctico de la televisión. Por primera vez desde que Canal 10 empezó a emitir una señal de televisión en Uruguay, el 7 de diciembre de 1956, un gobierno establece reglas objetivas, transparentes y democráticas para asignar el uso del espectro destinado a la prestación de servicios audiovisuales privados. Por primera vez las licencias para ofrecer una nueva tecnología no se otorgarán automáticamente, en forma discriminatoria y sin condiciones, como sucedió antes con la televisión color, la televisión para abonados y la televisión abierta.
Veamos algunas de las innovaciones del decreto en materia regulatoria:
1) se reserva espacio en el espectro radioeléctrico para tres sectores televisivos en equilibrio (siete canales privado-comerciales, seis públicos y siete comunitarios) y se habilita el ingreso de nuevos jugadores (hasta seis canales en el comercial, hasta dos en el público y hasta dos en el sector comunitario). Todo lo cual permite el ingreso de nuevos medios y la coexistencia de distintas formas de propiedad, con objetivos diferentes (lucro, educativo, alternativo, comunicación social, público –y dentro de éste, municipal, judicial, legislativo–);
2) se reafirma que el espectro es patrimonio común de la humanidad y se asignará su uso bajo concurso público (sin perjuicio del hándicap con que correrán los canales actuales), con un plazo de 15 años y con obligación de rendir cuentas. Se termina así con 50 años de licencias "precarias y revocables", que en la práctica son permanentes y hereditarias;
3) se establece el control social en la asignación y seguimiento de las licencias a través del Consejo Honorario Asesor Independiente, integrado por diversos actores;
4) se establece el acceso gratuito a todas las señales de televisión digital abierta.
Por todo esto el decreto no es poca cosa. Pero además sorteó los cuestionamientos, injustos, sobre presuntos ataques a la libertad de expresión e injerencia en los contenidos, al punto de establecerse que ninguna renovación puede negarse como castigo por la línea editorial e informativa (algo inédito en toda la región). A ningún organismo u organización de derechos humanos se le ocurrió señalar que el decreto violenta la libertad de prensa, porque realmente esa amenaza no existe; todo lo contrario.
RETOS
Ahora bien, si queremos superar la televisión "chatarra" hará falta complementar este paso con medidas legales impostergables y políticas públicas para el sector de la comunicación. En este tema no se puede ser ingenuo. La implementación de los llamados a concurso y el control sobre los mismos será un momento clave. El diseño del decreto toma en cuenta la experiencia previa de los actuales canales 4, 10 y 12, por lo que es de esperar que esas empresas obtengan un canal "multiplex" cada uno (tres de los seis disponibles), lo que va a potenciar su situación actual (podrán combinar dos señales hd, o una hd y dos estándar, o hasta cuatro estándar, más interactividad y movilidad).
Como el Ejecutivo introdujo el adverbio de cantidad "hasta" seis canales –en la redacción original se proponía adjudicar seis efectivos por concurso–, esto podría significar que en una primera instancia sólo exista un concurso por cuatro canales "multiplex", con lo que la competencia se incrementaría en un solo nuevo jugador. Si la opción fuese por cinco o seis, y si además fuese posible que distintos proyectos convivieran en el mismo canal (no hay impedimentos técnicos para compartir un canal), ya estaríamos hablando de un cambio sustantivo y permanente.
Habrá que ver cómo responden el canal público y Tevé Ciudad a la transición y a la exigencia de nuevos contenidos, y si se suman nuevas opciones públicas (un canal parlamentario o un canal metropolitano, por ejemplo). Y si con el tiempo se suma alguna opción comunitaria de corte alternativo, que complemente el esquema de diversidad.
En materia regulatoria, también quedan desafíos. Durante el proceso de consulta pública del decreto –otra innovación acertada contra los arreglos debajo de la mesa–, los canales lograron hacer caer la aprobación de un canon por el uso del espectro: "requiere ley", se quejaron. Bien, ¿por qué no aprovechar la rendición de cuentas para establecer por ley el pago de canon? (Después de todo, en el mismo espacio habrá más posibilidades de negocios gracias a la multiplicidad de canales que tendrá a disposición cada operador, la interactividad y la convergencia con los teléfonos inteligentes, tabletas, etcétera.) El canon está destinado a alimentar un fondo para la producción audiovisual de televisión, que buena falta hace.
Otro capítulo que no debería tardar en llegar al Parlamento es la ley de servicios de comunicación audiovisual, norma necesaria para mejorar la televisión a largo plazo, capaz de cambiar rutinas y prevenir los abusos que se siguen produciendo hasta ahora.
Se requiere una ley para avanzar en temas tales como la limitación del poder concentrador de los "tres grandes", mecanismos de autorregulación y defensa de las audiencias, la regulación de la publicidad, del derecho de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad, la independencia del sector público de la televisión, la independencia de los periodistas y la designación de una autoridad de aplicación con capacidad de aplicar la regulación. Mientras tanto, este decreto será recordado como un punto de inflexión.
LUNES 11 DE JUNIO DE 2012 - COMCOSUR
GOBIERNO URUGUAYO APROBÓ DECRETO DE TEVÉ DIGITAL (apropósito de la discusión de la Ley de TV Digital, en Chile)
Edison Lanza (Brecha para Agencia COMCOSUR_Uruguay)
Algunos altos funcionarios del entorno del presidente José Mujica afirman que el mandatario tiene un "máster en comunicación", refiriéndose así no sólo a su facilidad para comunicar –más allá de la oportunidad en que pronuncia algunas opiniones– sino a su conocimiento del sistema de medios en todo el país. Conoce bien a los dueños de los medios (y su influencia), los públicos a los que llega cada uno y las características de buena parte de los periodistas con los que trata.
Por algo Mujica demoró meses en tomar una de las decisiones más democratizadoras respecto a los medios audiovisuales en los últimos 30 años. Después de algunas declaraciones enigmáticas, el viernes 10 firmó el decreto que regulará la transición de la televisión analógica a la digital abierta en Montevideo, que además contiene un nuevo marco para asignar las frecuencias reservadas para esta modalidad.
La ley del servicio de radiodifusión comunitaria, aprobada en 2008, incorporó a nuestra legislación una serie de principios de la radiodifusión. Los promotores de aquella ley recuerdan que estos principios rigen para todos los sectores audiovisuales y no sólo para los comunitarios. Para muchos ese capítulo de la ley pasó desapercibido, pero esos principios de rango legal son clave: refieren a la calidad de patrimonio común de la humanidad del espectro, a las garantías para ejercer la libertad de expresión en cualquier plataforma, a la necesidad de diversidad, pluralismo, transparencia y equidad en el acceso a los medios audiovisuales en general.
Las autorizaciones para la televisión digital se deberían constituir en la piedra de toque de la transformación del concentrado y previsible sistema de televisión nacional. Una mayor competencia en el sector comercial, el ingreso de nuevos actores tanto públicos como alternativos, la llegada de una tecnología de alta calidad para producir y trasmitir, y el desarrollo de una política pública para fomentar la producción televisiva deberían liberar fuerzas creativas hasta ahora maniatadas por un escenario empobrecido por la concentración de las frecuencias en pocas manos.
La decisión adoptada tiene también una significación sustantiva en términos de calidad democrática y de ejercicio del poder público frente al poder fáctico de la televisión. Por primera vez desde que Canal 10 empezó a emitir una señal de televisión en Uruguay, el 7 de diciembre de 1956, un gobierno establece reglas objetivas, transparentes y democráticas para asignar el uso del espectro destinado a la prestación de servicios audiovisuales privados. Por primera vez las licencias para ofrecer una nueva tecnología no se otorgarán automáticamente, en forma discriminatoria y sin condiciones, como sucedió antes con la televisión color, la televisión para abonados y la televisión abierta.
Veamos algunas de las innovaciones del decreto en materia regulatoria:
1) se reserva espacio en el espectro radioeléctrico para tres sectores televisivos en equilibrio (siete canales privado-comerciales, seis públicos y siete comunitarios) y se habilita el ingreso de nuevos jugadores (hasta seis canales en el comercial, hasta dos en el público y hasta dos en el sector comunitario). Todo lo cual permite el ingreso de nuevos medios y la coexistencia de distintas formas de propiedad, con objetivos diferentes (lucro, educativo, alternativo, comunicación social, público –y dentro de éste, municipal, judicial, legislativo–);
2) se reafirma que el espectro es patrimonio común de la humanidad y se asignará su uso bajo concurso público (sin perjuicio del hándicap con que correrán los canales actuales), con un plazo de 15 años y con obligación de rendir cuentas. Se termina así con 50 años de licencias "precarias y revocables", que en la práctica son permanentes y hereditarias;
3) se establece el control social en la asignación y seguimiento de las licencias a través del Consejo Honorario Asesor Independiente, integrado por diversos actores;
4) se establece el acceso gratuito a todas las señales de televisión digital abierta.
Por todo esto el decreto no es poca cosa. Pero además sorteó los cuestionamientos, injustos, sobre presuntos ataques a la libertad de expresión e injerencia en los contenidos, al punto de establecerse que ninguna renovación puede negarse como castigo por la línea editorial e informativa (algo inédito en toda la región). A ningún organismo u organización de derechos humanos se le ocurrió señalar que el decreto violenta la libertad de prensa, porque realmente esa amenaza no existe; todo lo contrario.
RETOS
Ahora bien, si queremos superar la televisión "chatarra" hará falta complementar este paso con medidas legales impostergables y políticas públicas para el sector de la comunicación. En este tema no se puede ser ingenuo. La implementación de los llamados a concurso y el control sobre los mismos será un momento clave. El diseño del decreto toma en cuenta la experiencia previa de los actuales canales 4, 10 y 12, por lo que es de esperar que esas empresas obtengan un canal "multiplex" cada uno (tres de los seis disponibles), lo que va a potenciar su situación actual (podrán combinar dos señales hd, o una hd y dos estándar, o hasta cuatro estándar, más interactividad y movilidad).
Como el Ejecutivo introdujo el adverbio de cantidad "hasta" seis canales –en la redacción original se proponía adjudicar seis efectivos por concurso–, esto podría significar que en una primera instancia sólo exista un concurso por cuatro canales "multiplex", con lo que la competencia se incrementaría en un solo nuevo jugador. Si la opción fuese por cinco o seis, y si además fuese posible que distintos proyectos convivieran en el mismo canal (no hay impedimentos técnicos para compartir un canal), ya estaríamos hablando de un cambio sustantivo y permanente.
Habrá que ver cómo responden el canal público y Tevé Ciudad a la transición y a la exigencia de nuevos contenidos, y si se suman nuevas opciones públicas (un canal parlamentario o un canal metropolitano, por ejemplo). Y si con el tiempo se suma alguna opción comunitaria de corte alternativo, que complemente el esquema de diversidad.
En materia regulatoria, también quedan desafíos. Durante el proceso de consulta pública del decreto –otra innovación acertada contra los arreglos debajo de la mesa–, los canales lograron hacer caer la aprobación de un canon por el uso del espectro: "requiere ley", se quejaron. Bien, ¿por qué no aprovechar la rendición de cuentas para establecer por ley el pago de canon? (Después de todo, en el mismo espacio habrá más posibilidades de negocios gracias a la multiplicidad de canales que tendrá a disposición cada operador, la interactividad y la convergencia con los teléfonos inteligentes, tabletas, etcétera.) El canon está destinado a alimentar un fondo para la producción audiovisual de televisión, que buena falta hace.
Otro capítulo que no debería tardar en llegar al Parlamento es la ley de servicios de comunicación audiovisual, norma necesaria para mejorar la televisión a largo plazo, capaz de cambiar rutinas y prevenir los abusos que se siguen produciendo hasta ahora.
Se requiere una ley para avanzar en temas tales como la limitación del poder concentrador de los "tres grandes", mecanismos de autorregulación y defensa de las audiencias, la regulación de la publicidad, del derecho de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad, la independencia del sector público de la televisión, la independencia de los periodistas y la designación de una autoridad de aplicación con capacidad de aplicar la regulación. Mientras tanto, este decreto será recordado como un punto de inflexión.
LUNES 11 DE JUNIO DE 2012 - COMCOSUR
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