UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA LA TELEVISIÓN


GOBIERNO URUGUAYO APROBÓ DECRETO DE TEVÉ DIGITAL (apropósito de la discusión de la Ley de TV Digital, en Chile)


Edison Lanza (Brecha para Agencia COMCOSUR_Uruguay)

Algunos altos funcionarios del entorno del presidente José Mujica afirman que el mandatario tiene un "máster en comunicación", refiriéndose así no sólo a su facilidad para comunicar –más allá de la oportunidad en que pronuncia algunas opiniones– sino a su conocimiento del sistema de medios en todo el país. Conoce bien a los dueños de los medios (y su influencia), los públicos a los que llega cada uno y las características de buena parte de los periodistas con los que trata.

Por algo Mujica demoró meses en tomar una de las decisiones más democratizadoras respecto a los medios audiovisuales en los últimos 30 años. Después de algunas declaraciones enigmáticas, el viernes 10 firmó el decreto que regulará la transición de la televisión analógica a la digital abierta en Montevideo, que además contiene un nuevo marco para asignar las frecuencias reservadas para esta modalidad.

La ley del servicio de radiodifusión comunitaria, aprobada en 2008, incorporó a nuestra legislación una serie de principios de la radiodifusión. Los promotores de aquella ley recuerdan que estos principios rigen para todos los sectores audiovisuales y no sólo para los comunitarios. Para muchos ese capítulo de la ley pasó desapercibido, pero esos principios de rango legal son clave: refieren a la calidad de patrimonio común de la humanidad del espectro, a las garantías para ejercer la libertad de expresión en cualquier plataforma, a la necesidad de diversidad, pluralismo, transparencia y equidad en el acceso a los medios audiovisuales en general.

Las autorizaciones para la televisión digital se deberían constituir en la piedra de toque de la transformación del concentrado y previsible sistema de televisión nacional. Una mayor competencia en el sector comercial, el ingreso de nuevos actores tanto públicos como alternativos, la llegada de una tecnología de alta calidad para producir y trasmitir, y el desarrollo de una política pública para fomentar la producción televisiva deberían liberar fuerzas creativas hasta ahora maniatadas por un escenario empobrecido por la concentración de las frecuencias en pocas manos.

La decisión adoptada tiene también una significación sustantiva en términos de calidad democrática y de ejercicio del poder público frente al poder fáctico de la televisión. Por primera vez desde que Canal 10 empezó a emitir una señal de televisión en Uruguay, el 7 de diciembre de 1956, un gobierno establece reglas objetivas, transparentes y democráticas para asignar el uso del espectro destinado a la prestación de servicios audiovisuales privados. Por primera vez las licencias para ofrecer una nueva tecnología no se otorgarán automáticamente, en forma discriminatoria y sin condiciones, como sucedió antes con la televisión color, la televisión para abonados y la televisión abierta.

Veamos algunas de las innovaciones del decreto en materia regulatoria:

1) se reserva espacio en el espectro radioeléctrico para tres sectores televisivos en equilibrio (siete canales privado-comerciales, seis públicos y siete comunitarios) y se habilita el ingreso de nuevos jugadores (hasta seis canales en el comercial, hasta dos en el público y hasta dos en el sector comunitario). Todo lo cual permite el ingreso de nuevos medios y la coexistencia de distintas formas de propiedad, con objetivos diferentes (lucro, educativo, alternativo, comunicación social, público –y dentro de éste, municipal, judicial, legislativo–);

2) se reafirma que el espectro es patrimonio común de la humanidad y se asignará su uso bajo concurso público (sin perjuicio del hándicap con que correrán los canales actuales), con un plazo de 15 años y con obligación de rendir cuentas. Se termina así con 50 años de licencias "precarias y revocables", que en la práctica son permanentes y hereditarias;

3) se establece el control social en la asignación y seguimiento de las licencias a través del Consejo Honorario Asesor Independiente, integrado por diversos actores;

4) se establece el acceso gratuito a todas las señales de televisión digital abierta.

Por todo esto el decreto no es poca cosa. Pero además sorteó los cuestionamientos, injustos, sobre presuntos ataques a la libertad de expresión e injerencia en los contenidos, al punto de establecerse que ninguna renovación puede negarse como castigo por la línea editorial e informativa (algo inédito en toda la región). A ningún organismo u organización de derechos humanos se le ocurrió señalar que el decreto violenta la libertad de prensa, porque realmente esa amenaza no existe; todo lo contrario.

RETOS

Ahora bien, si queremos superar la televisión "chatarra" hará falta complementar este paso con medidas legales impostergables y políticas públicas para el sector de la comunicación. En este tema no se puede ser ingenuo. La implementación de los llamados a concurso y el control sobre los mismos será un momento clave. El diseño del decreto toma en cuenta la experiencia previa de los actuales canales 4, 10 y 12, por lo que es de esperar que esas empresas obtengan un canal "multiplex" cada uno (tres de los seis disponibles), lo que va a potenciar su situación actual (podrán combinar dos señales hd, o una hd y dos estándar, o hasta cuatro estándar, más interactividad y movilidad).

Como el Ejecutivo introdujo el adverbio de cantidad "hasta" seis canales –en la redacción original se proponía adjudicar seis efectivos por concurso–, esto podría significar que en una primera instancia sólo exista un concurso por cuatro canales "multiplex", con lo que la competencia se incrementaría en un solo nuevo jugador. Si la opción fuese por cinco o seis, y si además fuese posible que distintos proyectos convivieran en el mismo canal (no hay impedimentos técnicos para compartir un canal), ya estaríamos hablando de un cambio sustantivo y permanente.

Habrá que ver cómo responden el canal público y Tevé Ciudad a la transición y a la exigencia de nuevos contenidos, y si se suman nuevas opciones públicas (un canal parlamentario o un canal metropolitano, por ejemplo). Y si con el tiempo se suma alguna opción comunitaria de corte alternativo, que complemente el esquema de diversidad.

En materia regulatoria, también quedan desafíos. Durante el proceso de consulta pública del decreto –otra innovación acertada contra los arreglos debajo de la mesa–, los canales lograron hacer caer la aprobación de un canon por el uso del espectro: "requiere ley", se quejaron. Bien, ¿por qué no aprovechar la rendición de cuentas para establecer por ley el pago de canon? (Después de todo, en el mismo espacio habrá más posibilidades de negocios gracias a la multiplicidad de canales que tendrá a disposición cada operador, la interactividad y la convergencia con los teléfonos inteligentes, tabletas, etcétera.) El canon está destinado a alimentar un fondo para la producción audiovisual de televisión, que buena falta hace.

Otro capítulo que no debería tardar en llegar al Parlamento es la ley de servicios de comunicación audiovisual, norma necesaria para mejorar la televisión a largo plazo, capaz de cambiar rutinas y prevenir los abusos que se siguen produciendo hasta ahora.

Se requiere una ley para avanzar en temas tales como la limitación del poder concentrador de los "tres grandes", mecanismos de autorregulación y defensa de las audiencias, la regulación de la publicidad, del derecho de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad, la independencia del sector público de la televisión, la independencia de los periodistas y la designación de una autoridad de aplicación con capacidad de aplicar la regulación. Mientras tanto, este decreto será recordado como un punto de inflexión.

LUNES 11 DE JUNIO DE 2012 - COMCOSUR